La formación bonificada forma parte del sistema de formación profesional para el empleo y está regulada por una normativa específica relacionada con la organización y financiación de la formación de trabajadores. Sin embargo, además de estas normas principales, existen otras leyes y reglamentos que también influyen en la gestión de la formación en las empresas. Estas normas regulan aspectos como la protección de datos personales, la relación electrónica con las administraciones públicas o los procedimientos administrativos que deben seguir las empresas cuando gestionan acciones formativas.
Estas disposiciones complementarias afectan a diferentes fases del proceso formativo, desde la gestión de la información de los trabajadores hasta los procedimientos de control e inspección de las acciones formativas financiadas con fondos públicos. Conocer esta normativa ayuda a las empresas a gestionar correctamente la formación de sus trabajadores y cumplir con las obligaciones legales asociadas al sistema de formación para el empleo.
Normativa sobre protección de datos en la formación para el empleo
La gestión de la formación de trabajadores implica el tratamiento de datos personales, como la identificación de los participantes, los registros de asistencia, las evaluaciones de los cursos o la documentación administrativa asociada a las acciones formativas. Por este motivo, las empresas y entidades de formación que gestionan formación bonificada deben cumplir con la normativa de protección de datos vigente.
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
El Reglamento (UE) 2016/679, conocido como Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), establece las normas europeas para garantizar la protección de los datos personales y los derechos de las personas en relación con el tratamiento de su información. En el ámbito de la formación para el empleo, esta normativa regula cómo deben tratarse los datos de los trabajadores que participan en acciones formativas. Esto incluye información personal, registros de participación en cursos, evaluaciones o datos utilizados en plataformas de formación. Las empresas y entidades que gestionan formación deben asegurarse de que el tratamiento de estos datos se realiza de forma transparente, segura y respetando los principios establecidos por el reglamento.
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, adapta la normativa española al Reglamento General de Protección de Datos y regula la protección de datos personales en el ámbito nacional. Esta ley establece derechos para los trabajadores, como el acceso, rectificación o supresión de sus datos personales, y define las obligaciones de las organizaciones que gestionan información personal. En el contexto de la formación bonificada, esta normativa afecta a la gestión de los datos de los participantes en acciones formativas, así como al uso de plataformas digitales utilizadas para impartir o gestionar la formación.
Normativa sobre gestión administrativa y administración electrónica
La gestión de la formación bonificada implica realizar diferentes trámites administrativos con organismos públicos como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE). Estos procedimientos deben cumplir la normativa que regula el funcionamiento de las administraciones públicas y la relación electrónica entre empresas y organismos públicos.
Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula el procedimiento administrativo que deben seguir las administraciones públicas en sus relaciones con ciudadanos y empresas. Esta normativa establece aspectos como los plazos administrativos, los sistemas de notificación, la presentación de documentación o la tramitación de procedimientos ante organismos públicos. En el ámbito de la formación bonificada, esta ley es relevante porque muchas gestiones relacionadas con la formación de trabajadores —como comunicaciones de acciones formativas, justificación de cursos o posibles procedimientos de revisión— se realizan dentro de procedimientos administrativos regulados por esta normativa.
Real Decreto 203/2021 sobre la actuación electrónica del sector público
El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, regula el funcionamiento electrónico del sector público y establece las normas para la relación digital entre empresas, ciudadanos y administraciones públicas. Esta normativa regula el uso de herramientas como las sedes electrónicas, los registros digitales o las notificaciones electrónicas utilizadas por las administraciones.En el sistema de formación bonificada, esta normativa es especialmente relevante porque la mayoría de los trámites relacionados con la gestión de la formación —como la comunicación de cursos o el seguimiento de acciones formativas— se realizan a través de plataformas electrónicas gestionadas por organismos públicos.
Normativa sobre control e inspección de la formación bonificada
El sistema de formación profesional para el empleo se financia en parte con fondos públicos, por lo que existen mecanismos de control destinados a garantizar que la formación se realiza correctamente y que los recursos destinados a formación se utilizan de forma adecuada. Para ello, la normativa establece procedimientos de supervisión y control que pueden afectar tanto a las empresas que organizan formación como a las entidades que la imparten.
Orden ESS/1221/2015 sobre la Unidad Especial de Inspección de formación
La Orden ESS/1221/2015, de 11 de junio, crea la Unidad Especial de Inspección en materia de formación profesional para el empleo dentro del sistema de inspección laboral. El objetivo de esta unidad es reforzar el control sobre las acciones formativas financiadas con fondos públicos, especialmente en el ámbito de la formación programada por las empresas y la formación bonificada. Entre sus funciones se encuentran la supervisión de las acciones formativas, la verificación de la documentación relacionada con la formación y la comprobación de que las bonificaciones aplicadas por las empresas cumplen con la normativa vigente. Para las empresas y entidades de formación, esta normativa implica que las acciones formativas pueden ser objeto de inspección o revisión administrativa para comprobar que la formación se ha realizado correctamente y que se cumplen los requisitos establecidos por el sistema de formación profesional para el empleo.
